De los derechos a la realidad
Garantizar una aplicación de la Ley Francesa del Deber de Vigilancia centrada en las personas
De los derechos a la realidad garantizar una aplicación de la ley francesa del deber de vigilancia centrada en las personas primeras lecciones aprendidas del caso unión hidalgo vs. Edf
Introducción
Hay un movimiento global creciente para combatir la impunidad corporativa relacionada con violaciones a los derechos humanos en las operaciones empresariales trasnacionales. La introducción de la legislación obligatoria sobre debida diligencia en materia de derechos humanos es un importante paso adelante, que representa un cambio largamente esperado frente al enfoque voluntario predominante de ‘responsabilidad social corporativa’ hacia las obligaciones de ‘hard law’ (derecho duro) que regulen el respeto corporativo a los derechos humanos y el medio ambiente. En varios países se han adoptado o están bajo consideración leyes que consagran estas obligaciones. Paralelamente, los avances a nivel europeo en torno a la propuesta de la Directiva de Debida Diligencia Corporativa en Materia de Sostenibilidad y las negociaciones en curso sobre el tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, pretenden establecer un marco jurídico global sobre empresas y derechos humanos. Francia ha allanado el camino en este sentido, al haber introducido la Ley del Deber de Vigilancia (“LdV”) en 2017. La ley establece un me canismo jurídico pionero que impone a las empresas francesas más grandes la obligación vinculante de identificar y prevenir los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente derivados de sus actividades y dentro de sus cadenas de suministro. Crucialmente, la ley consagra un proceso a través del cual las comunidades y las personas afectadas por prácticas corporativas abusivas pueden acceder a vías legales trasnacionales para la prevención y reparación. El objetivo de la legislación obligatoria sobre debida diligencia en materia de derechos humanos es proteger a las personas y al planeta de las actividades perjudiciales de las empresas. Sin embargo, cada vez se debate más hasta qué punto la legislación vigente, y la futura, pueden reflejar adecuadamente la realidad del impacto de las empresas sobre las personas titulares de derecho y mitigar eficazmente este daño. En particular, las lagunas y ambigüedades legislativas pueden crear resquicios para que las empresas eludan su responsabilidad y restringir el acceso a la justicia. Cinco años después de que la LdV entrara en vigor, no está claro si su adjudicación e interpretación por parte de los tribunales franceses la ayudarán a convertirse en una herramienta legal significativa que regule de manera integral y efectiva los derechos humanos y los impactos ambientales de las corporaciones multinacionales francesas. Aunque se han presentado un número creciente de casos, la capacidad de las personas y las comunidades para hacer valer sus derechos conforme a la ley, parece estar cada vez más fuera de su alcance.
